Uno se pregunta cómo es posible que sea de interés público que, incluso en los casos en los que un médico está convencido de que determinadas normas sanitarias son perjudiciales, el médico siga “sin hacer comentarios o dar consejos que inciten al público a actuar en contra de las órdenes de la salud pública”.

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario  dejó claro que cualquier médico que critique la política sanitaria corre el riesgo de perder su licencia médica.

Los matones de la salud amordazan a los médicos canadienses

por Janice Fiamengo

(henrymakow.com)

Una de las muchas características notables de la “nueva normalidad” del COVID ha sido el cumplimiento aparentemente generalizado por parte de los médicos de mandatos de salud draconianos e irracionales.

Dichos mandatos han incluido cierres de escuelas sin precedentes, órdenes de toque de queda, prohibiciones de abrazos, políticas de restaurantes de pensamiento mágico, restricciones a las actividades al aire libre, duras multas por servicios religiosos en vehículos, interdicciones a los negocios que venden artículos considerados no esenciales, y fuerza excesiva por parte de la policía para mantener las órdenes.

Hemos escuchado poco a los médicos, incluso sobre temas presuntamente que preocupan a los médicos, como las cancelaciones de cirugías no urgentes, el uso de consultas médicas “virtuales” y el aislamiento durante un año de los ancianos en las residencias.

Mi madre, de 90 años y con diversas dolencias de salud (afortunadamente todavía vive en su casa), no ha podido ver a su médico en persona, con una breve excepción el verano pasado, en los últimos 14 meses. Las visitas que antes eran regulares han sido sustituidas por consultas telefónicas en una relación cada vez más remota. A menudo me he preguntado si su médico cree sinceramente que ese distanciamiento es una respuesta necesaria y acorde a la pandemia.

Sin embargo, recientemente el silencio de los médicos se ha vuelto más explicable.

El 30 de abril de 2021, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario (CPSO), organización facultada por ley para regular el ejercicio de la medicina en toda la provincia, hizo una declaración oficial en la que advertía a los médicos de que no se pronunciaran en contra de ninguna orden gubernamental de COVID. Refiriéndose a “incidentes aislados de médicos que utilizan las redes sociales para difundir información errónea y socavar las medidas de salud pública destinadas a protegernos a todos”, el colegio dejó claro que cualquier médico que critique la política sanitaria se arriesga a perder su licencia médica…

NEGLIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER

No nos detengamos en la colosal ironía de que un organismo de salud pública condene la llamada “desinformación” a la luz de las notables contradicciones y la falta de sustento científico de las propias declaraciones (frecuentemente cambiantes) de las autoridades sanitarias canadienses. Estas autoridades han despreciado regularmente las “pruebas disponibles” en sus declaraciones públicas sobre los riesgos para los canadienses, las vías de transmisión del virus, la eficacia de las máscaras, los beneficios del bloqueo y las vacunas.

De hecho, los frecuentes cambios de opinión de los funcionarios hacen difícil imaginar cómo se impondría la disciplina por parte de la CPSO. ¿Se castigaría a un médico que hablara en contra de la vacuna de AstraZeneca a principios de marzo por “contradecir públicamente las recomendaciones de salud pública”, o se aplaudiría a ese médico por anticiparse a la propia decisión (posterior) de Canadá de suspender a AstraZeneca?

¿Qué pasaría con un médico que criticara medidas ahora ampliamente reconocidas como inhumanas, como aislar a los niños de sus familias en caso de posible contacto con el COVID, o impedir que los familiares visiten a los residentes de las residencias durante más de un año?

¿Está segura la CPSO de que sus propias recomendaciones, si se investigaran a fondo, se librarían de ser designadas como “tratamientos no respaldados y no probados”?

Los funcionarios han ignorado cuidadosamente las conocidas consecuencias deletéreas para la salud de sus duras directivas, mientras avivan continuamente el miedo de la población con anuncios diarios de muertes y advertencias sobre segundas, terceras, cuartas y futuras “olas” de variantes.

Uno se pregunta cómo es posible que sea de interés público que, incluso en los casos en los que un médico está convencido de que determinadas normas sanitarias son perjudiciales, el médico siga “sin hacer comentarios o dar consejos que inciten al público a actuar en contra de las órdenes de la salud pública”. ¿No viola esta prohibición el compromiso primordial de todo médico de no causar daño?

La situación no es exclusiva de Ontario. De manera similar, los médicos de la Columbia Británica también están siendo advertidos de que se enfrentan a medidas disciplinarias si contradicen las recomendaciones sanitarias, una advertencia contenida en una declaración conjunta del Colegio de Médicos y Cirujanos de la Columbia Británica y la Autoridad Sanitaria de las Primeras Naciones. La declaración prohíbe específicamente a los médicos de la Columbia Británica promover “posturas antivacunas, contrarias al uso de mascarillas, al distanciamiento físico y al bloqueo”.

Tales declaraciones son profundamente inquietantes. Aunque sin duda no faltan las falsedades y las teorías conspirativas en la era del COVID-19, la censura generalizada de los profesionales de la medicina no sólo es una farsa ética, sino que es profundamente anticientífica. Todo el conocimiento médico se basa en la aplicación rigurosa del método científico, con su requisito de refutabilidad, debate y disputa sobre las pruebas.

Está claro que no puede haber un verdadero debate cuando los médicos temen perder su medio de vida por disentir de la política oficial. La imposición de la unanimidad médica debilitará inevitablemente la confianza de los ciudadanos no sólo en organismos sanitarios como los colegios de médicos y cirujanos, a los que se juzga con razón que ejercen un poder tiránico, sino también en todos los aspectos de un sistema sanitario en el que los médicos no pueden comunicarse abierta y honestamente con sus pacientes.

Afortunadamente, la comunidad canadiense ha reaccionado en forma de una Declaración de médicos canadienses por la ciencia y la verdad, que alega que la declaración de la CPSO representa un “momento decisivo en el asalto a la libertad de expresión y la investigación científica”, así como un posible “crimen contra la humanidad”.

El sitio web de la declaración incluye una petición que ha sido firmada por más de 11.000 médicos y ciudadanos preocupados en el momento de escribir este artículo (una cifra alentadora, aunque todavía demasiado baja). Estos médicos objetan que la orden viola el compromiso de los médicos de poner el bienestar de sus pacientes por encima de cualquier otra lealtad, utilizar la medicina basada en la evidencia en su práctica, e informar plenamente a los pacientes de los riesgos y beneficios de los tratamientos. Los médicos exigen que la CPSO “retire y revoque inmediatamente su declaración”. Lamentablemente, la CPSO aún no lo ha hecho.

No hace falta tener conocimientos de medicina para saber que la censura de los profesionales médicos durante una pandemia es un acto escandaloso y peligroso. No hay mejor momento que éste para debatir con rigor la eficacia de las medidas de salud pública, con políticas de bloqueo y pasaportes de vacunas no probadas y potencialmente catastróficas que se imponen a las poblaciones de todo el mundo.

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Janice Fiamengo es profesora de inglés en la Universidad de Ottawa. Su último libro es “Sons of Feminism: Los hombres opinan”.

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